Aragonés y Sánchez negocian una financiación autonómica que permita multar a quienes bajen impuestos

Mientras el resto de comunidades autónomas, de uno u otro signo político, esperan su turno para negociar la futura financiación autonómica, el pacto entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés se va ultimando. El modelo pactado entre ambos avanza hacia un sistema en el que se concede más poder regional para subir impuestos y para multar a las comunidades autónomas que decidan rebajar tributos como, por ejemplo, los medioambientales o los del Patrimonio.

No se trata sólo de poder cobrar más, también se pretende castigar a las comunidades que no quieran aumentar aún más la carga fiscal. Por ejemplo, la Generalitat estima que: «Para garantizar el éxito de este modelo de convivencia es necesario trasladar objetivos medioambientales concretos a las comunidades autónomas y aplicar sanciones en caso de incumplimiento”.

La Generalitat ha remitido ya oficialmente sus exigencias al Gobierno de cara a la reforma del modelo de financiación autonómica. Y el documento catalán parece toda una declaración de guerra fiscal contra Madrid. Pero de una guerra fiscal que la pagarán todos los contribuyentes. Y es que los planteamientos exigidos por Aragonés a Sánchez serán de aplicación a toda España, basados, eso sí, en el aumento del poder de los gobiernos regionales para subir impuestos y multas para determinadas rebajas.

El documento de la Generalitat, que hoy reproduce OKDIARIO, defiende que “la situación actual requiere la implicación firme y decidida de las administraciones públicas, para actuar como amortiguador de las desigualdades acentuadas con la pandemia y potenciar una recuperación económica sostenible e inclusiva”.

Con ese argumento, la Generalitat separatista de Aragonés concluye que “esta implicación requiere, a la vez, la disposición de recursos que permitan garantizar la sostenibilidad y viabilidad de las finanzas públicas”. Por ello, ERC y Junts “consideran necesaria la revisión y reducción de los beneficios fiscales del sistema fiscal español, la intensificación de la lucha contra el fraude fiscal de manera colaborativa entre todos los niveles de la administración, la sujeción a gravamen de las actividades que actualmente escapan la tributación (economía digital, economía colaborativa, etc.) y el incremento de la tributación de los impuestos con menor presión fiscal, esto es, la imposición medioambiental y la imposición sobre el capital para los agentes con mayor capacidad económica, garantizando su tributación independientemente de la CA de residencia”. En resumen: todo subidas del pago fiscal de los contribuyentes.

Sistema de doble hacienda

Pero, ¿todo para que recaude más el “Estado”? En absoluto. El plan consiste en generar un sistema de doble hacienda, algo que, por cierto, permitiría un periodo de entrenamiento a una hipotética Cataluña independiente, pues tendría acceso a todas las bases de datos de los contribuyentes en su territorio. El informe de la Generalitat señala que “en defensa del estado descentralizado que pretende ser el Estado Español, la implicación pública que se demanda no puede ir ligada a una estrategia de recentralización y unificación; esta implicación debe potenciarse en todos los niveles de la administración”.

Con esa explicación pasa a reclamar ese esquema dual: “Para ello es necesario dotarles [a las comunidades autónomas] de instrumentos que garanticen la capacidad de decisión e intervención, potenciando la corresponsabilidad fiscal y la autonomía tributaria; peticiones extensamente reclamadas por los expertos. En esta línea, las propuestas defendidas en este informe permiten avanzar hacia este objetivo, otorgando capacidades normativas y de gestión a aquellas comunidades autónomas que deseen ejercerlas”.

Tributos propios autonómicos

El documento concreta esta idea: “Por un lado, se propone un modelo de convivencia de tributos propios autonómicos y tributos estatales cedidos en la imposición medioambiental que grave actos perjudiciales para el medioambiente con un marcado carácter local (entre otros, gravámenes sobre la deposición e incineración de residuos, sobre el uso y contaminación del agua, sobre la explotación de recursos naturales)”.

Un esquema que, además, permite exigir el pago de más impuestos, aunque un gobierno regional pretenda aliviar la carga fiscal de sus contribuyentes: “De esta manera, se preservan las competencias de aquellas comunidades autónomas que tienen la voluntad de regular y gestionar las figuras tributarias que consideren más idóneas para lograr eficientemente los objetivos marcados». Se establece también una regulación subsidiaria para aquellas comunidades que no deseen ejercer sus capacidades normativas y de gestión, o bien apliquen medidas que se verifiquen insuficientes.

Castigar la rebaja de impuestos

Pero no sólo se trata de cobrar más. También de castigar a las que no quieran aumentar aún más la carga fiscal: «Para garantizar el éxito de este modelo de convivencia es necesario trasladar objetivos medioambientales concretos a las comunidades autónomas y aplicar sanciones en caso de incumplimiento”. La Generalitat pone ejemplos de su modelo sancionador: “El caso que requiere atención de forma inmediata es el de la imposición sobre residuos, pues la estrategia recentralizadora del Estado supone un retroceso y menoscabo de los logros alcanzados por las CCAA cumplidoras con la normativa europea”. Allí, por ejemplo, entraría el traslado de sanciones.

El equipo de Aragonés quiere un esquema de financiación autonómica similar en los impuestos sobre la riqueza: “Se propone un modelo de liquidación dual en la imposición sobre la riqueza, en el que el Estado y las comunidades autónomas compartan espacios fiscales, teniendo cada una de las partes capacidad normativa para definir la base imponible, el mínimo exento, las tarifas, deducciones y bonificaciones».

El elemento innovador «reside en que la cuota autonómica pueda deducirse de la cuota estatal». De este modo, se da plena capacidad normativa a las comunidades, potenciando la corresponsabilidad fiscal, y se garantiza la tributación de los grandes patrimonios independientemente de la comunidad de residencia, intensificándose así la capacidad redistributiva del sistema fiscal español y la justicia tributaria. «Para que la propuesta pueda implementarse de manera inmediata, este sistema puede iniciarse transitoriamente como un modelo de compartición de bases imponibles (de manera similar al IRPF)”, aclara la Generalitat.

Imposición sobre la riqueza

Por último, el Gobierno regional de ERC y Junts señala sobre la financiación autonómica que “las otras propuestas de reforma en el ámbito de la imposición sobre la riqueza se basan en la modernización y simplificación del IP y el ISD actuales. Se considera necesario recuperar el espíritu inicial del trato fiscalmente favorable de las participaciones en entidades y los bienes empresariales, limitando su aplicación a las PYMES y endureciendo los requisitos exigidos, repensar el límite conjunto y la tarifa del IP, y reformular el ISD en su totalidad, priorizando el principio de capacidad económica y la simplicidad del esquema de liquidación. De manera paralela, debe potenciarse la pedagogía tributaria y acercar tanto las administraciones tributarias como las figuras impositivas a la ciudadanía”.